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San Pedro - Historia


Historia de los primeros conflictos entre el Intendente y el H.C.D

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Luego de ser re-elegido por 6 años más en el cargo, en el año 1891, don Máximo Millán se familiarizó demasiado con la función, lo que lo perjudicó sin duda en el cumplimiento de sus obligaciones. Efectivamente, en abril de 1892 el H.C.D se enteró que el Intendente Municipal don Máximo Millán se había presentado ante la Cámara de Apelaciones del Departamento Norte iniciando un conflicto entre él y el Concejo fundándose en que este estaba mal constituido.

Los concejales resolvieron dirigirse a la Excelentísima Cámara expresando entre otros considerandos que según aparece en el libro de actas correspondiente,

“…el concejo anterior en sesión del 1º de diciembre del año pasado, examinando las actas de las elecciones municipales practicadas en este pueblo el 29 de noviembre último, se encontró en presencia de 2 elecciones practicadas el mismo día, en 2 comicios distintos y anulando una de ellas aprobó la otra, en virtud de lo cual entraron a formar parte del actual concejo los Municipales elegidos en esta”.

“La corporación así constituida ha comenzado a sesionar en la sala Municipal; ha dictado ordenanzas y resoluciones de todo género; ha hecho atender la intendencia interinamente por uno de sus miembros; ha tomado en fin todas las medidas necesarias para el gobierno del Municipio, sin oposición ni protesta de nadie y reconocida y asistida por el contrario sus autoridades por todos.”

Durante todo este tiempo y aún desde antes el Intendente titular señor Millán no había concurrido ni una sola vez a su despacho, hallándose más veces ausente y otras en el pueblo mismo, hasta que en el mes de marzo reasumió el ejercicio de la Intendencia, siendo por demás extraño, que después de haber abandonado su puesto durante más de 3 meses se presente recién ahora para reclamar de la constitución del Concejo.

Más adelante la nota afirmaba que ellos no se anticiparían a la resolución de la Cámara y que no discutirían la legalidad o ilegalidad de su constitución actual por que no le correspondía; además porque era atribución del Concejo anterior, único Juez, según la ley con atribuciones sobre el juzgamiento de la elección de sus miembros. Haciendo por otra parte una analogía entre esas atribuciones y las que competen al Congreso Nacional sobre el tema elecciones nacionales.

Pero lo que el Concejo quería dejar bien en claro y así trataba de demostrarlo en su presentación, era que el Intendente temeroso de alguna medida en su contra, pretendía anticiparse al problema iniciando él, el conflicto.

Por eso en su sesión del 11 de abril de 1892 el H.C.D había resuelto pedir

“…al Intendente la presentación de las cuentas y comprobantes al año 1891, así como la memoria anual de la Administración, todo lo cual debe presentar según la Ley Orgánica (Art. 65 y 80 Inc.9º) en el 1er trimestre del año; resolvió así mismo en uso de sus facultades que le confiere el Art. 80 inciso 11 de la misma ley, que el Intendente concurriese a la sesión del 18 del corriente para dar algunas explicaciones relativas a la falta de cumplimiento de resoluciones firmadas por el Concejo en el año pasado para el arreglo y pago de las deudas de esta Municipalidad cuyo crédito esta sufriendo por esta causa.”

Entendían los concejales que el Intendente había cortado sus relaciones con el deliberativo; más aún denunciaban que los había suspendido. Para decirlo de algún modo, se había investido “a sí mismo con la suma del poder municipal”, pues no otra cosa significaba continuar desempeñando el cargo sin sujeción a la revisión legal de sus actos por el departamento deliberativo.

Todos estos acontecimientos dislocaban la autoridad municipal y perturbaban el funcionamiento regular al no darse cumplimiento a las ordenanzas dictadas por el H.C.D, perjudicando con ello los intereses particulares dependientes de una buena administración.

Por todo ello el Departamento Deliberativo solicitaba a la Excelentísima Cámara que con la mayor urgencia posible se tomaran las medidas del caso, sea para compeler al Intendente a acatar las resoluciones del Concejo, sea para resolver a la brevedad posible la cuestión promovida por aquel o para ordenar la inmediata suspensión del señor Millán mientras durara la sustanciación del asunto por entender incompatible su desempeño en el cargo con la ley y con el carácter de acusador que había asumido.

En agosto de 1892 un grupo de vecinos resolvió acompañar al departamento deliberativo acusando formalmente ante el Juez de Crimen del Departamento del Norte al Intendente Millán,

“…en uso del derecho que nos acuerda el Art. 98 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia, -decía la nota- ante V.S venimos a solicitar la destitución del Sr. Intendente Municipal de este partido Dn. Máximo Millánpor las causas que establece el art. 97 de la citada ley”

Acusamos al Intendente señor Millán:

Punto I- Por las siguientes infracciones a la ley Orgánica:

1º- Abandono de su departamento en contravención a los artículos 79 y 81 de la ley. El señor Intendente no ha concurrido a su oficina desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto del corriente año sin dar aviso alguno.

En la misma infracción ha incurrido repetidas veces; pero solo mencionamos la actual porque habiéndose negado el señor Millán a reconocer la autoridad del Concejo Deliberante y aún a cambiar comunicaciones con éste, aquel hecho tiene la mayor gravedad pues importa el abandono completo de la administración Municipal en manos de los empleados subalternos de su dependencia.

2º- Nombramiento de Tesorero de la Municipalidad según decreto del 30 de abril de 1892 sin el acuerdo del Concejo que prescribe el art. 80 inc. 2 de la ley.

3º- No rendir las cuentas de su administración correspondientes al año pasado de 1891 en contravención del art. 65 de la ley y a pesar del apremio del Concejo sancionado en sesión del 11 de abril de 1892.

4º- No presentar la memoria de su administración por el mismo año de 1891 y los anteriores en que se ha desempeñado la Intendencia, contraviniendo el art. 80 inc. 9. No obstante habérselo pedido el Concejo según acuerdo del 11 de abril de 1892.

5º- No concurrir a las sesiones del Concejo para dar informes cuando fue llamado en virtud del acuerdo del mismo día 11 de abril de 1892 y en conformidad con el art. 80 inciso 11 de la ley Orgánica”.

Pero no terminarían allí las acusaciones de los vecinos; mencionaban además en dicha nota infracción a la ley de educación y leyes especiales que obligaban a la Municipalidad a depositar mensualmente en el Banco el 15% correspondiente al subsidio escolar, mencionando que la suma que se le adeudaba a la Dirección General de Escuelas se había acrecentado enormemente llegando a sumar $40.000 moneda corriente aproximadamente.

En el punto III hacían un pormenorizado detalle de las ordenanzas incumplidas por el Intendente referente a ventas de tierras, el pago mensual de cada vigilante para costear el pago del forraje a los caballos, el no cumplimiento del subsidio acordado a la Banda de Música y 6 ordenanzas más referentes a distintos aspectos no cumplidos, como así también al referente al despilfarro y mala administración de los fondos municipales, apartado IV. En el punto V hacían una referencia al descontrol y tolerancia respecto a los empleados municipales, para finalmente hacer una referencia a los aspectos según los cuales el señor Millán estaba inhabilitado para desempeñarse no solo como Intendente sino para cualquier empleo público.

“Por estos fundamentos,  -solicitaban los vecinos- se sirva proceder como lo disponen el art. 99 y siguientes de la ley Orgánica convocando al Jurado que ha de juzgar al acusado”

Firmaban esa solicitud de justicia los señores Francisco Aramburu, Emilio Ruffa, Emilio Frers, Gerardo F.G. Bozzano, César Mascetti, Miguel O. Molina, E.G. Canesa, Emilio Ritter, Moisés Novillo, Pedro Ferreyra, Ramón Laserna y Victoriano Dávila, nombres para nada despreciables dentro de la sociedad y política sampedrina.

Don Alejandro S. Mascetti si bien no participaba de la función pública y no figura dentro de los firmantes, vivía permanentemente atado a ella a través de su periódico, por lo que refiriéndose a la situación reinante se permitía expresar:

“Cuan bella es la vida democrática cuando las autoridades y los poderes públicos se aúnan y se inspiran en el concierto del trabajo, por el adelanto de los centros poblados que sirven, sin otro móvil que el de la felicidad de los gobernados y sin otra aspiración que la del veredicto público de todo un pueblo que les rinde el tributo de su gratitud y el homenaje de su admiración”.

Pero sus palabras no eran escuchadas debidamente por quienes tenían la obligación de hacerlo. Por eso al retomar la correlación de los hechos ocurridos comprobamos que las actividades del año 1892 y las de comienzos de 1893 nos confirman que ello fue así. Ellas se iniciaron con la constitución del nuevo Concejo Deliberante integrado por Arroqui, Mendoza, Rocca, Novillo, Carreras y Ferreyra que asume como suplente, siendo elegido el 10 de enero J.P Arroqui como Intendente Interino, comunicándosele dicho resultado al señor Millán para que hiciese entrega de la intendencia al electo como se hacía normalmente.

En un acta de enero de 1893, el señor Arroqui comunicó que Máximo Millán no entregaba la Intendencia en virtud de no haber desistido del conflicto que había iniciado ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones del Departamento Norte. Ante la situación planteada el último día del mes de enero el Concejo confirió poder a Moisés E. Novillo para seguir entendiendo el conflicto.

Como resultados de estas acciones políticas, el 1 de septiembre de 1893 es designado Comisionado Interventor Don Tomás Salas que recurre a Moisés Novillo, Lázaro Rocca, Pedro Ferreyra, Juan Carreras, Benito Fernández y Felipe de las Heras para que juntos que con los señores J.P Arroqui y Gustavo Eppens procedan a constituir el nuevo Concejo Deliberante. El resultado fue la elección como Presidente del H.C.D de don Moisés Novillo, designándose en la reunión del día 28 de ese mes a don Vicente Basavilbaso como nuevo Intendente del partido, superándose de ese modo ese conflicto de poderes, surgido por caprichos personales más que por verdaderos intereses políticos entre las partes.

Como Secretario del Municipio se designó Diógenes Fuertes, Tesorero fue designado Heraclio Lavayen, Médico de Policía se designó al Dr. Adolfo M. Castro, como Inspector asumió Ramón Sein en tanto como Jefe de Obras Públicas ingresó don Adolfo Laurín, iniciándose en las tareas municipales como escribiente don Francisco Cachau, tarea que lo tendría durante muchos años como responsable de la documentación oficial.

La superación del conflicto no iba a significar sin embargo un ejemplo para que en el futuro se evitaran enfrentamientos como el analizado; antes de finalizar el siglo un nuevo conflicto surge en el departamento deliberativo fundado en razones meramente políticas, que involucraría posteriormente también al titular del departamento Ejecutivo.

El mismo fue impulsado por un grupo de personas que respondían a las influencias de Filiberto de Oliveira Cézar y Eduardo González Bonorino, personajes estos con su presencia iniciaron un nuevo ciclo en la política local, desarrollando iniciativas y proyectos para llevar adelante fundamentales reformas que habrían de cambiar la cara del municipio.

Tuvo su origen cuando algunos integrantes del Consejo Deliberante se opusieron al reconocimiento del concejal electo Dr. Frers, por considerar que no tenía los años de residencia necesarios para el caso. El entredicho originó un conflicto que terminó con la designación de un comisionado por parte del poder ejecutivo provincial, “al solo efecto de propender a la constitución y funcionamiento de la Municipalidad”. Los sucesos que se produjeron luego culminaron con la designación de un Comisionado Interventor que interrumpió durante varios años el curso legal del manejo político local.

El señor Eduardo González Bonorino que ocupaba el cargo de consejero escolar, fue el encargado de realizar las gestiones encomendadas por el Poder Ejecutivo; gestiones que culminaron con la toma del poder y que se proyectaron en una etapa de reformas y de proyectos que habrían de dar impulso renovador a la adormecida administración, reordenando la misma en lo atinente a su gobierno como en lo referente a la actividad de los particulares y cuyo punto culminante lo constituye la declaración de San Pedro Ciudad.

Un gran colaborador fue Filiberto de Oliveira Cézar, que es por otra parte el continuador de su obra, pero ya dentro de los parámetros democráticos, por decirlo de alguna manera y poder establecer así la diferencia con el primer periodo cumplido por su predecesor designado desde las esferas del gobierno central y cuyo segundo mandato sí ya lo cumplió dentro del sistema democrático.

No sería esta la única oportunidad en que se interrumpiría el proceso constitucional en el manejo del municipio, producto casi siempre de las desviaciones de algunos políticos que crearon como en el caso mencionado las condiciones propicias para que ellos se produjera.

El sistema de elección del Intendente se mantuvo vigente durante la primera mitad de este siglo, recién a partir de las grandes reformas introducidas en la Constitución Nacional respecto a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Repúblic, se introdujeron también reformas en la Ley Orgánica Municipal adecuándose las mismas a la elección directa por parte de la ciudadanía.

Por Decreto-Ley Nº 6769 del día 29 de abril de 1958 se estableció en su artículo 3º que el Intendente Municipal debía ser “elegido directamente por el pueblo” y durar 4 años en sus funciones, completándose así todo el proceso de cambios que tuvo la autoridad municipal desde la organización constitucional del país a la fecha.

 

Fuente: "Historia Documental de San Pedro", Tomo III, "Del pueblo a la ciudad", 1854-1907

Américo R. Piccagli, Ed. Rafael de Armas y Asociados

 

 

 



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