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San Pedro - Historia


Historia del Edificio Municipal

Imagen de Historia del Edificio Municipal

San Pedro era un incipiente pueblo que seguía manteniendo las costumbres que había adquirido a lo largo de los últimos años de gobierno rosista. El edificio del convento seguía siendo el epicentro alrededor del cual giraban todas las inquietudes políticas y culturales del partido, a pesar de haber dejado ya de ser el mejor edificio del pueblo y haber logrado sobrevivir al paso del tiempo, solo gracias a los pocos trabajos que se realizaban para su mantenimiento.

Desde que el convento pasó al dominio de la autoridad civil fue utilizado durante algún tiempo como sede de la primera escuela de estado y también como sede de las autoridades del juzgado de paz, arbitraria autoridad del partido en aquel tiempo.

Pero a partir de 1854, como consecuencia de la aplicación de la ley de organización de los municipios, se produjeron cambios sustanciales en la organización política y administrativa del partido. Tomo forma un nuevo sistema de gobierno y apareció en escena un cuerpo deliberativo representado por municipales electos por el pueblo, que debieron asumir ciertas responsabilidades que antes estaban depositadas en el poder central.

Como el convento ya no ofrecía comodidades edilicias ni disponía de espacios aptos para las tareas administrativas, las nuevas autoridades debieron buscar un lugar adecuado para el desempeño de sus funciones que cada día amanecían más complicadas.

Quienes no tienen otra información que la obtenida de los ensayos históricos realizados hasta la fecha, seguramente estarán convencidos que el convento aún a mediados del siglo pasado era un edificio extraordinario y fuera de lo común para la población. No es tan así, solo se mantenía como el centro alrededor del cual se aglutinaba toda la actividad administrativa desde el inicio mismo de la creación del partido.

Pero la realidad era muy distinta; si bien había sido el primer y mejor edificio del pueblo, si situación a partir de las reformas rivadavianas había cambiado sustancialmente, a tal punto que ya no dependía de los franciscanos, por lo que el mantenimiento que aquellos trabajosamente y con gran sacrificio realizaban fabricando ellos mismos las rejas y ladrillos, había desaparecido.

El inventario realizado en 1834 en cumplimiento de las reformas mencionadas, es el único documento conocido que describe la distribución del edificio, pero que nada aclaras sobre el estado en que aquel se encontraba en esos momentos, solo se hace alguna referencia a las aberturas o muebles afirmando que “son viejos pero útiles”, por lo que fácil resulta deducir que el estado general del edificio no debía ser muy floreciente.

Casi todos los frailes franciscanos se habían retirado del pueblo y ya no utilizaban sus dependencias, salvo quien estaba al frente de la iglesia. El convento parecía facilitar para algunos el desenvolvimiento de la administración por la cantidad de salas que tenía, pero su precario estado de conservación no aconsejaba su uso para las distintas ramas que debían ocuparse desde educación y defensa del menor, tesorería, policía administrativa, salud, justicia, obras, etc.

A pesar de la capacidad que ofreció el edificio en otros momentos, las nuevas autoridades surgidas con la organización del municipio atendiendo el deteriorado aspecto que presentaba, consideraron que no era adecuado que funcionara en el la primera Corporación Municipal. Mucho más grave se presentaba aún se presentaba la situación, si se tiene en cuenta que debían compartir la parte útil con el Juzgado y la escuela de primeras letras, por lo que aquellas resolvieron buscar con toda urgencia una casa que respondiera a sus necesidades, hasta tanto se pudieran efectuar las reparaciones necesarias.

A partir de ese momento el convento siguió siendo utilizado durante algún tiempo por la escuela oficial de primeras letras del partido y también como sede del Juzgado de Paz hasta el comienzo de la década del 60, en que aquella se trasladó a la casa de doña María del Corazón Jesús Quiroga Fernández hija del Tigre de los Llanos y recientemente viuda en esos momentos del doctor José Gaffarot, Municipal fallecido en 1862. El Juzgado en cambio permaneció en el lugar sorteando como podía las dificultades que la situación ofrecía.

La falta de atención adecuada por parte de los ocupantes, agregado a la acción destructiva del tiempo, hizo que el edificio conventual se fuera deteriorando rápidamente y las pocas salas útiles que quedaban no alcanzaban ya para las necesarias oficinas públicas que la administración local requería.

Los integrantes de la nueva administración, luego de constituido el Cuerpo Deliberativo, resolvieron adoptar con urgencia una esencial medida extrema respecto a su sede, por lo que en la reunión del 20 de abril de 1856 ante la imposibilidad de funcionar allí por las razones expuestas, tomaron en alquiler una casa propiedad de Don Pedro Aguirre, por la suma de 230 pesos mensuales, con un contrato por 2 años.

Para que el traslado pudiera concretarse, Don Tomás Obligado facilitó 4.500 pesos bajo el compromiso de ser devueltos a razón de 500 pesos por mes. Dicho dinero tenía como destino la “compra de muebles” y los arreglos necesarios para adecuar la casa y ser útil a las necesidades del municipio.

Debido al estado de desatención en que se mantuvo al edificio de los recoletos y supuestamente también por razones de comodidad, los elegidos para llevar adelante la administración del partido permanecieron en la casa alquilada, hasta el 1 de junio de 1863 en que fue reclamada por su dueño, debiendo los municipales abocarse como consecuencia de ello a buscar otra casa o en caso contrario proceder al arreglo del viejo edificio conventual, inclinándose finalmente por esta última alternativa.

Al igual que lo ocurrido con la Iglesia que debió ser reacondicionada en varias oportunidades hasta que pudo construirse el nuevo templo en su actual emplazamiento, en la década del 70, también el convento a partir de esa década en que las autoridades decidieron ocuparlo nuevamente, debió ser sometido a continuos e innumerables arreglos, hasta que en determinado momento estos eran tantos que coaccionaron a la autoridad civil a dar prioridad en los años siguientes, hacia 1880, a considerar la eventualidad de construir un edificio que ofreciera comodidades y sirviera de sede de las autoridades municipales.

Como preanunciando el proyecto que puso fin a tan grave e incomoda situación, en 1881 se rechazó un pedido efectuado por las autoridades de la Biblioteca Popular solicitando fondos para la construcción de su sede propia. Se dejo constancia en la nota de respuesta, que las autoridades municipales habían “resuelto el arreglo de la Casa Municipal por lo que no le era posible distraer más fondos en otros gastos”.

Tantos llegaron a ser los problemas planteados acerca del mantenimiento del edificio, que finalmente hicieron desembocar aquellas buenas intenciones en un proyecto destinado a la construcción de una nueva casa municipal.

El proyecto sin embargo se demoró aún varios años, durante los cuales el primer intendente de nuestro partido don Máximo Millán fue elaborando un plano con la participación del ingeniero municipal.

Una de las primeras medidas tomadas por el flamante Intendente fue comunicar al Juez de Paz con fecha 15 de julio de 1886 la necesidad de ocupar las salas que aquella repartición disponía en el edificio del convento.

Pero hasta tanto pudiera lograrse la entrega de las instalaciones y se concretara la realización del proyecto, atento al estado de precariedad que ofrecía el edificio del convento, se resolvió buscar alguna casa adecuada para establecer provisoriamente las oficinas y el juzgado, aceptándose el ofrecimiento efectuado por Juan José Muro de facilitar sin retribución alguna una propiedad suya ubicada al lado de su vivienda que podía servir para tal fin.

Hay que destacar la disposición del señor Muro, en este y otros aspectos solidarios al brindar su apoyo para solucionar algunos problemas que eran de vital importancia en la vida del pueblo, como cuando donó sus dietas legislador para la construcción del edificio de la Biblioteca Popular.

Es muy probable que iniciativas de este tipo hayan sido quizás las que impulsaran a nuestro primer intendente municipal a concebir la idea de demoler el viejo y derruido edificio del convento para levantar en su lugar uno nuevo que sirviera más eficientemente como sede del poder municipal.

El país se hallaba envuelto en una de las mayores crisis económicas que le toco vivir, y en nuestro partido cuyas principales actividades de la época eran la ganadería y la agricultura, se hallaba jaqueado periódicamente por distintas plagas difíciles de combatir en ese entonces, como las famosas mangas de langostas que en forma periódica llegaban desde el norte boscoso del país para arrasar con todos los cultivos y pastos del lugar.

No obstante ello figuras nacionales como las de Pellegrini, Roca, Mitre, Uriburu y Quintana, para citar sólo algunas, estaban empeñadas en sacar al país de su crisis, mientras que en nuestro partido hombres de la talla  de Máximo Millán, Juan M. Arroqui, Felipe de las Heras, Vicente Basavilbaso, Gerardo Bozzano, Antonio Soler, Juan Semilla, Frers y otros tal vez menos renombrados vecinos del partido, pero con similares deseos y fuerzas de voluntad, encararon con clara determinación el proyecto que habría de permitir crear las condiciones necesarias para que las aspiraciones de esta apartada población de tan solo 5.195 habitantes en ese entonces, pudieran hacerse realidad.

Lamentablemente dentro de quienes tuvieron a su cargo la materialización del proyecto no hubo ninguno que pensara que se viejo edificio del convento era la representación mas genuina del pueblo y la fervorosa acción de un religioso, el Dr. Fray Francisco Goycoechea, que donó sus tierras para que en ellas se levantara la sede de una comunidad religiosa que vino no solo para servir a Dios difundiendo el evangelio en la soledad de la campaña sampedrina sino para educar y transmitir cultura.

El convento era por lo tanto todo un símbolo de cultura y ya un monumento histórico con casi 100 años de vida, por lo que alguien debía haber expuesto la idea de salvarlo de la demolición y resguardarlo como reliquia buscando otro lugar para el edificio municipal. Sin embargo ninguno levantó su voz para exponer estas razones y decir que allí se educaron los hijos de los fieles que vivían esparcidos en nuestro partido y en los de Salto, Rojas, Arrecifes, Pergamino y de las Hermanas.

En tal establecimiento recibió la enseñanza primaria, el hijo de un poblador de nuestra campaña, más tarde “formador de hombres”, e ilustre intérprete de nuestro pueblo, Diego José Serapio Rodríguez, conocido en la vida pública como Fray Cayetano José Rodríguez, fervoroso defensor y héroe de la Revolución de Mayo.

Es una lástima grande que convergieran tantos olvidos y que nadie haya tenido presente que en alguna de las salas del viejo edificio, en oportunidad de su paso por el lugar en las vísperas del combate de San Lorenzo, el General San Martín comunicara a los franciscanos cual era su pensamiento, provocando una gran molestia entre los frailes, la mayoría de origen español, los cuales no se molestaron demasiado en recibirlo. No importa el convento en sí, sino el hecho de haber guardado la memoria de tantos acontecimientos que se dieron allí desde el inicio mismo de nuestra vida como pueblo.

A la distancia de los años añoramos la existencia de un convento. No contamos ya con su presencia a pesar de haber sido la célula que diera nacimiento al pueblo como derivación de la Real Cédula que el Rey firmara el 26 de agosto de 1748, autorizando al visionario franciscano a depositar frente a los hermosos balcones del gran río, la semilla que fructificaría con el nacimiento de la bella y descollante perla del Paraná.

La demolición del convento fue producto del olvido de la memoria del pueblo, de todos los acontecimientos ocurridos allí, y la razón de ser propia de los que solo piensan en el progreso sin retener la historia.

Fue precisamente Máximo Millán, primer ciudadano en cubrir el cargo de Intendente Municipal, quien envió a comienzos de 1888 al recientemente electo Honorable Consejo Deliberante, “un croquis del plan del edificio Municipal que se proyectaba construir”, confeccionado por el ingeniero arquitecto municipal don J. Nordman, para ser considerado por aquel cuerpo, cuya presidencia ejercía en ese momento don Felipe de las Heras.

Considerado el plano presentado por el Intendente, éste asistió a la sesión del día 2 de abril de ese año para explicar sus alcances atento a que el mismo contemplaba importantes posibilidades de ampliación. Si bien todos los integrantes del organismo estuvieron de acuerdo con la propuesta, ello no significó que el proyecto se ejecutara de inmediato.

Bozzano era quien más objetaba algunas propuestas formuladas en la reunión, no compartía el camino elegido y la urgencia invocada por al autor del proyecto. Lo hacía sin pensar que ello significaba la demolición de la mejor reliquia histórica que hubiera tenido el pueblo, sino por interpretar la misma necesidad de tener una casa municipal más cómoda y que permitiera el funcionamiento regular de todas las oficinas, pero como se trataba de un signo de progreso y adelanto no se opondría con su voto.

El proyecto, según puede apreciarse en la exposición de Bozzano, no era contemplado como una dominante aspiración de la población y solo algunos deseaban ver concretado el proyecto con la presencia de un edificio nuevo y funcional como signo de prosperidad.

Se aceptaba sin embargo dócilmente la idea de progreso que permitiría al pueblo convertirse cuanto antes en ciudad, sin reparar que para ello se hacia necesario demoler el convento que había sido el primer germen del pueblo y sin que nadie en esos momentos levantara la voz en defensa de lo que era una verdadera reliquia histórica. De ese modo se llevo adelante un proyecto sin un riguroso estudio de las consecuencias sociales, culturales y económicas que el mismo podía acarrear.

Retomando el curso de los acontecimientos digamos que la aprobación de la iniciativa, hizo que espontáneamente se presentara para realizar la obra proyectada, don Serafín Donatti, persona conocida ya por su intervención en la construcción de la iglesia, con un presupuesto que superaba a los cálculos originales, pues ascendía a $79.950, por lo que fue rechazado en la sesión del 26 de septiembre no solo porque modificaba el presupuesto sino porque además comprometía a la Municipalidad al tener que ocuparse ella en comprar el reloj que se deseaba colocar en la torre del proyectado edificio.

El Cuerpo Deliberativo a pesar de su reducido número de integrantes daba muestras de una gran responsabilidad en los manejos de los dineros del pueblo. Fue precisamente el municipal Juan Semilla el encargado de sugerir que creía no ser conveniente a los intereses del Municipio aceptar la propuesta de Donatti.

El municipal hacia la objeción atendiendo probablemente a los problemas habidos en la construcción del templo, según se documenta en el punto correspondiente, motivo por el cual afirmaba que debía llamarse a licitación por el término de un mes.

El llamado evidentemente dio sus frutos pues se presentaron varias ofertas, siendo la primera la presentada por don Gustavo Nougués, domiciliado en Buenos Aires y que ofrecía hacer la obra dentro de los precios unitarios fijados por el arquitecto municipal más un ajuste de un 9.5% sobre el valor calculado de 65.000 pesos a que ascendía su propuesta.

La firma Juan Podestá y Cía., otro de los oferentes, se comprometía por su parte a dar por terminada la obra en el tiempo fijado de 8 meses con arreglo del plano y pliego de condiciones formulados, por la suma de 77.882; mientras que don Juan Barbasio en las mismas condiciones que el anterior proponía hacerlo por la suma de 69.000 pesos.

Don Serafín Donatti por su parte insistía en su propuesta proponiendo la suma de 74.000 pesos con una rebaja de 5.000 sobre el presupuesto y condiciones oportunamente pasados.

La oficina de Obras Públicas a cargo del dictamen, aconsejo al intendente aceptar la propuesta de Juan Barbasio por ser la más ventajosa, siendo el dictamen aprobado por el cuerpo Deliberativo en la sesión del 26 de septiembre de 1888, a condición de que el empresario se sujetase en un todo a los planos y pliegos de condiciones formulados por el Arquitecto Nordman.

Este establecía que el edificio debía ser entregado concluido a los 8 meses de ser firmado el contrato con la Municipalidad; vencido ese término se pagaría 500 pesos por mes de multa, debiendo además depositarse una suma de 1000 pesos como garantía que serían devueltos después de llenados los cimientos.

Si el terreno exigiese una mayor profundidad de fundación a la indicada en el plano, esa diferencia sería pagada aparte por la Municipalidad al igual que todo trabajo que se impusiese no comprendido en el contrato.

Recién en la sesión de fecha 12 de noviembre de 1888 y con la presencia de los mayores contribuyentes se trató sobre tablas la propuesta del Intendente y el presupuesto aprobado, cuya intención era poner fin a una situación inmanejable acerca del mantenimiento del viejo edificio.

La Comisión Administradora de la nueva casa municipal puso de manifiesto la necesidad de nombramiento de un empleado auxiliar encargado de inspeccionar la obra y realizar el seguimiento e las tareas, por lo que el Consejo Deliberante en su reunión extraordinaria realizada el día 17 de diciembre de ese año designó a José Lavaque para cubrir dicho cargo.

Con la aprobación del contrato de septiembre de 1888, quedó prácticamente autorizada la demolición del viejo edificio conventual quedando para beneficio del empresario todos los materiales proveniente de dicha tarea.

Se exigía eso si, que todos los materiales que se acumularan en la obra quedarían afectados al contrato, no pudiendo ser retirados hasta su finalización, situación que fue variando por las necesidades del empresario que vio afectado su presupuesto por los permanentes cambios de valores que impulsaba la suba permanente del oro, debido a la crisis que atravesaba el país.

Específicamente se estableció que el empresario debía colocar un reloj en la torre, con un cuadrante de 1,50 metros de diámetro y garantizar su buena marcha durante cinco meses por lo menos, a cuyo efecto se retendrían hasta dicha fecha, después de su colocación y pagada la obra, la suma de 500 pesos; el valor del reloj se estimó en 1250 pesos.

Previendo que podría surgir algún problema de difícil solución se convino que toda desavenencia seria resuelta por un jury compuesto por dos arquitectos designados uno por parte y cuyos honorarios serían pagados por la parte perdedora de la disputa; se tenía en ese aspecto la experiencia de lo ocurrido anteriormente en la construcción del templo.

No se equivocaron los municipales por cuanto el primer problema surgió en los cimientos, lo que obligó  a realizar algunas tratativas que finalizaron con un compromiso en el que Barbasio ofreció complementar el convenio colocando una capa de cemento hidrófugo en el punto de arranque de las paredes, siendo autorizado por la Comisión Administradora, hacerlo únicamente en las paredes que miran hacia el sudeste y sudoeste por ser siempre las más húmedas.

Era prácticamente imposible que una obra de tal magnitud no sufriera alguna interrupción, tratándose sobre todo de un edificio de tantas dimensiones y donde las decisiones y responsabilidades se repartían generosamente.

No solo problemas técnicos incidieron para que ello ocurriera sino que la falta de dinero hizo crisis en determinado momento en las arcas del municipio.

La construcción fue suspendida a mediados de 1889, motivo por el cual luego de largas tratativas el Consejo Deliberante en su sesión del 25 de Marzo de 1890 consideró el aumento de 10.000 pesos sobre el contrato original solicitado por Enrique Palombo y Cía. que fueron quienes tomaron a su cargo el contrato firmado por Barbasio.

El pedido de aumento solicitado por los constructores estaba respaldado en el aumento del oro que repercutió en el valor de los materiales, por lo que según el empresario se le hacía imposible continuar con la obra, ya que éste había cobrado 60.000 pesos faltándole cobrar solo 9.000 pesos, pero los trabajos que aún faltaban realizar importaban la suma de 20.000 pesos.

El Consejo Deliberante en su sesión del 7 de octubre de 1890 resolvió autorizar a los señores Enrique Palombo y Antonio Giampaolo con quien se había asociado el primero, continuar con la obra, tolerando se otorgara un adelanto de 2.500 pesos para reiniciar las tareas, pero exigiendo como contrapartida la garantía de un municipal que los empresarios dieron cumplimiento con el aval de Manuel o. Molina.

Dos días más tarde solicitaban para continuar la obra el pago semanal de los obreros llegándose finalmente a un acuerdo para que ello se hiciera quincenalmente a fin de alcanzar el objetivo final que era la habilitación de la nueva casa municipal.

Como además debían pagarse los sueldos atrasados por un valor de 7.600 pesos y el municipio no disponía de fondos, el señor Novillo, dado el ofrecimiento generoso de su colega Molina, se ofreció también para salir junto a algún otro de los señores concejales, de garantía para que se descontase en la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, una letra por valor de 10.000 pesos, siempre que la comisión administradora que presidía Eusebio Chacon destinase esos dineros exclusivamente para la terminación de la edificación, cosa que así se hizo.

Algunas de las personas mencionadas, que tuvieron importante participación e hicieron posible la concreción del edificio municipal, forman parte de una larga lista de hombres públicos cuyos nombres oportunamente hicimos conocer y que aún están esperando el reconocimiento histórico y generoso de su pueblo, cuya deuda de gratitud aun no ha sido cumplida hacia quienes posibilitaron la finalización de tan importante obra que hoy nos orgullecemos de exhibir ante nuestros visitantes.

Mientras se realizaban estas tareas y tramitaciones necesarias para que la construcción no quedara trunca, la comisión administradora se ocupaba también de todo lo referente al amoblamiento de las oficinas ya terminadas, abriendo para ello las condiciones y pliegos respectivos.

Lo mismo hacían las autoridades del Juzgado de Paz que ocupaban parte del nuevo edificio, quienes en febrero de 1891, se dirigían al Ministro de Gobierno de la provincia Dr. Vicente Villamayor pidiendo los muebles necesarios para el juzgado y comisaría local en razón de no existir disponibilidad “en esta plaza” según decía la nota.

Algunos de los muebles adquiridos en ese entonces, de importante valor histórico en este momento, fueron donados al Museo Fray José M. Bottaro para ser exhibidos como tales.

Al ser abandonado en 1894 el emprendimiento del museo por haberse anulado el subsidio asignado por el Intendente Comisionado del proceso, el mueble fue retirado del lugar y tras una prolija restauración, se halla hoy en uno de los despachos del Honorable Consejo Deliberante.

Lo que no está claro es la fecha exacta de inauguración del edificio, pero se han rescatado datos que indican de una asignación de dinero para la terminación edilicia hacia fines de septiembre de 1891, fecha muy lejana de la fecha previamente propuesta por el señor Palombo, quien había afirmado que la obra estaría finalizada a fines de 1890.

En el contrato firmado entre las autoridades y los constructores del edificio municipal había un compromiso asumido por parte de estos colocar en la parte superior de la torre, el primer reloj público con que contaría el pueblo.

El empresario se comprometió a entregar con la obra finalizada un reloj con cuadrante de 1,50 metros de diámetro, que tocara las horas y las medias para que el pueblo que no disponía de relojes pudiera estar informado de la hora oficial.

El contrato establecía su pago por el valor de 1.250 pesos moneda corriente, comprometiéndose a garantizar su funcionamiento durante 5 meses, a cuyo efecto se retendrían hasta dicha fecha después de su colocación, la suma de 500 pesos de la época.

No alcanzó a sobrepasaren mucho tiempo al establecido como garantía el funcionamiento del reloj, por lo que la población acostumbrada ya a su presencia hizo sentir la necesidad de proceder a su arreglo. El tema fue tratado por el H.C.D que en su reunión del 24 de abril de 1896, en la cual se aceptó la propuesta presentada por don José Raffo de proceder al cambio del mismo, pero 2 días después fue anulada dicha determinación por no haberse llamado a licitación. Luego de ser anulada por irregularidades administrativas, el 18 de julio fue finalmente aceptada la propuesta de Raffo.

Se aceptaba además el precio estipulado en el mismo presupuesto, que era de 3.000 pesos, nombrándose para administrar la obra a una comisión integrada por los vecinos Enrique Stein, Alfredo Schneiter y Edmundo Homps.

Algunos documentos manejados en la investigación nos permiten afirmar que esta propuesta tampoco se cristalizó porque el 15 de septiembre de ese mismo año, Stein que era integrante de la comisión administradora de la obra, propuso hacer las verjas de hierro en el tapial contiguo al edificio municipal que ocupaba el juzgado de paz a cambio del reloj que debía ser remplazado por el señor Santiago Lobbe, que no aceptaba el viejo reloj como parte de pago, de donde se puede deducir que quien colocó el reloj en última instancia fue el señor Lobbe.

Durante el período cubierto por el comisionado municipal Eduardo Gonzalez Bonorino, este se ocupó entre otros aspectos que hacían a las necesidades del pueblo, a la remodelación del edificio municipal y dentro de este específicamente, la terminación del salón de actos que fue inaugurado durante su mandato.

A fin de dotarlo de los elementos necesarios para hacerlo presentable se adquirieron alfombras y cortinados a la tienda “San Miguel” de Elías Romero y Cía. de la Capital Federal, que si bien accedió a suministrar los elementos mencionados solicito se autorizara al comercio local de González, Geredús y Cía. a firmar las correspondientes órdenes de pago.

El periódico “El Debate”, de fecha 8 de enero de 1905 expresaba que el 9 de diciembre último se había llamado a licitación para completar parte de los arreglos pendientes en el edificio municipal. Estos comprendían la construcción de la vereda en el costado SO y NE del terreno ocupado por la sede administrativa, como así también el piso de la galería, patio y cuadra de la Comisaría de Policía de acuerdo al pliego de condiciones elaborado por la Oficina de Obras Públicas.

Culminaba de ese modo toda la instrumentación realizada por las autoridades para dotar al pueblo de una sede administrativa acorde a las necesidades.

 

Fuente: "Historia Documental de San Pedro", Tomo III, "Del pueblo a la ciudad", 1854-1907

Américo R. Piccagli, Ed. Rafael de Armas y Asociados

 

 

 

 

 

 

 

 



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